Rosario Grados y el debate sobre la legalización del cannabis en Perú

En 2016, en plena campaña electoral peruana, Rosario Grados, candidata al Congreso por el Frente Amplio, defendió públicamente la regulación del cannabis como una alternativa a las políticas prohibicionistas y como una posible vía para reducir el peso del mercado ilegal.

Su propuesta incluía que el Estado regulara el comercio de marihuana y que se investigaran con mayor profundidad sus posibles aplicaciones medicinales. En aquel momento, Perú todavía no contaba con la normativa sobre cannabis medicinal que aprobaría un año después.

Qué propuso Rosario Grados en 2016

Durante la campaña electoral, Grados defendió que las políticas de prohibición aplicadas durante décadas en Latinoamérica no habían conseguido eliminar el problema del narcotráfico.

Por ello, planteó explorar modelos de regulación del cannabis en lugar de mantener una estrategia basada exclusivamente en la prohibición. Según declaró entonces, el Estado debía estudiar alternativas que permitieran regular el consumo y el comercio y, al mismo tiempo, investigar los posibles usos medicinales de la planta.

Su postura formaba parte de un debate que comenzaba a ganar presencia en diferentes países de América Latina, donde distintos gobiernos estaban desarrollando modelos específicos para el uso medicinal del cannabis.

Cannabis y lucha contra el mercado ilegal

Uno de los principales argumentos utilizados por Grados estaba relacionado con el narcotráfico.

La candidata consideraba que una regulación controlada por el Estado podía ofrecer una alternativa a un mercado completamente clandestino y permitir un mayor control sobre la producción, distribución y consumo.

La idea no consistía simplemente en sustituir un mercado ilegal por uno sin restricciones, sino en estudiar modelos regulados en los que las autoridades establecieran condiciones y límites.

Este planteamiento sigue presente actualmente en numerosos debates sobre políticas de drogas: hasta qué punto la regulación puede reducir determinados mercados ilegales, facilitar controles sanitarios o modificar la relación entre consumidores y redes clandestinas.

El argumento económico de la regulación

Grados también señaló entonces el posible impacto económico de una industria regulada del cannabis.

En sus declaraciones mencionó la posibilidad de generar actividad en sectores como el agrícola, industrial y exportador, creando nuevas fuentes de ingresos para el país.

Sin embargo, este tipo de efectos no pueden darse por garantizados. El impacto económico de un mercado regulado depende de numerosos factores, como el modelo legal elegido, las licencias disponibles, los impuestos, la demanda, las restricciones comerciales o las condiciones impuestas a productores y distribuidores.

Por eso, resulta más preciso hablar de un potencial sector económico que de beneficios automáticos derivados de una eventual legalización.

Qué ocurrió después en Perú

El debate sobre cannabis en Perú avanzó de forma importante poco después de aquellas declaraciones.

En noviembre de 2017 se aprobó la Ley N.º 30681, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. La norma permitió el uso informado, la investigación, la producción, la importación y la comercialización exclusivamente con fines medicinales y terapéuticos.

Esto supuso un cambio importante respecto a la situación existente cuando Rosario Grados realizó sus declaraciones en 2016.

Posteriormente, el marco legal continuó desarrollándose mediante nuevas normas y reglamentos.

Cómo está regulado actualmente el cannabis medicinal en Perú

Actualmente, Perú permite el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, pero esto no equivale a una legalización general del cannabis para uso recreativo.

La legislación vigente contempla, entre otros aspectos, el uso informado, la investigación, la producción, la importación, la comercialización y también la producción artesanal mediante cultivo asociativo, siempre dentro del marco destinado exclusivamente a usos medicinales y terapéuticos.

Los productos medicinales autorizados deben cumplir los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias peruanas y pueden incluir productos farmacéuticos con registro sanitario, importaciones excepcionales para tratamientos individuales y determinadas fórmulas magistrales.

Por tanto, aquella propuesta electoral de 2016 debe entenderse dentro de un momento en el que Perú todavía estaba comenzando a debatir seriamente cómo regular el cannabis.

Una década después, el país dispone de un marco específico para su utilización médica, aunque el uso recreativo continúa fuera de esa regulación.